En el 2007, en Costa Rica se llevó a cabo un esfuerzo para la regularización de la pertenencia de tierras en las llamadas “Áreas bajo Regímenes Especiales” (ABRE) principalmente áreas protegidas, zonas marítimo terrestres, reservas indígenas y territorios del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Formalmente esos territorios son propiedad del Estado costarricense, no obstante partes de ellos eran habitadas y utilizadas por poblaciones locales, frecuentemente sin título legal o en condiciones precarias produciéndose conflictos de interés con empresarios e inversionistas, sobre todo de los sectores hotelero, de turismo y de bienes raíces.
Partiendo de un diagnóstico de los escenarios de conflicto, el proyecto acompañó el proceso de regularización, informando y capacitando tanto las instituciones y su personal como las poblaciones involucradas sobre métodos y posibles beneficios de la resolución alterna de conflictos (RAC). Se brindó capacitaciones a los distintos actores, monitoreando, evaluando y dando apoyo logístico a los esfuerzos de RAC.
Principales resultados del proyecto:
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Gobierno de Costa Rica
