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El papel de las empresas frente a los derechos humanos es fundamental, ya que sus operaciones pueden tener un impacto significativo en las personas, las comunidades y el medio ambiente. Aunque tradicionalmente la protección de los derechos humanos ha sido vista como una responsabilidad del Estado, hoy se reconoce ampliamente que las empresas también tienen el deber de respetarlos, tanto en sus actividades directas como a lo largo de sus cadenas de valor.
Este enfoque está bien establecido en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), adoptados en 2011, que se basan en tres pilares:
Proteger (Obligación del Estado): Los gobiernos deben proteger contra abusos de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas, asegurándose de que existan leyes, políticas y mecanismos efectivos para prevenir y sancionar estas violaciones.
Respetar (Responsabilidad de las Empresas): Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que implica evitar causar o contribuir a impactos negativos y abordar los problemas cuando se presenten. Esto incluye:
Debida diligencia: Identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos adversos sobre los derechos humanos.
Evaluación de riesgos: Considerar cómo sus operaciones, productos y servicios pueden afectar a los trabajadores, comunidades locales, consumidores y otros grupos.
Mecanismos de reclamación: Establecer canales accesibles y efectivos para recibir quejas y resolverlas de manera justa y oportuna.
Remediar: Tanto el Estado como las empresas deben asegurar que las personas afectadas tengan acceso a mecanismos de reparación efectivos en caso de que se violen sus derechos. Las empresas deben colaborar en proporcionar soluciones adecuadas, ya sea a través de procedimientos internos o en cooperación con autoridades y partes interesadas.
Además, las empresas deben promover una cultura de respeto a los derechos humanos, asegurándose de que sus decisiones y prácticas reflejen principios de equidad, no discriminación, transparencia y responsabilidad.
En el contexto de Centroamérica y específicamente en las empresas familiares y juntas directivas, este papel es aún más relevante. Estas empresas suelen tener una gran influencia en el desarrollo económico y social de la región, y por ello es clave que promuevan condiciones laborales dignas, igualdad de género, respeto al medio ambiente y buenas prácticas de gobernanza.