Respuesta a: Foro de Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas

[Marisa Esther Duarte Lagos]

Desde otro punto de vista, el manejo de una red social por parte de servidores judiciales tiene una relevancia crucial, ya que puede transformar la forma en que se lleva a cabo la comunicación entre el sistema judicial y la ciudadanía. Las redes sociales, en este caso, no solo son un canal de expresión pública, sino una herramienta que puede fortalecer la transparencia, la accesibilidad y la confianza del público en las instituciones judiciales.

1. Accesibilidad a la información: Las redes sociales gestionadas por los servidores judiciales pueden ofrecer a los ciudadanos acceso directo y rápido a información importante sobre procesos legales, derechos fundamentales, normativas o cambios en las leyes. Esto facilita la comprensión de procedimientos judiciales, las actualizaciones de casos y el seguimiento de decisiones judiciales, algo que en muchos sistemas judiciales tradicionales puede ser complicado y lento. A través de estas plataformas, se puede simplificar la forma en que se comunican aspectos técnicos y específicos del derecho.

2. Transparencia y confianza: La gestión responsable de una red social por parte de servidores judiciales puede fortalecer la confianza pública en el sistema judicial. Las personas tienden a desconfiar de las instituciones cuando perciben falta de transparencia, pero si se ofrece información clara sobre cómo funcionan los procesos judiciales, se promueve la rendición de cuentas, y se responde a las inquietudes de la ciudadanía de manera abierta, se puede mejorar la percepción que el público tiene sobre la justicia.

3. Resolución de conflictos y mediación: Una red social puede servir como un punto de contacto para la resolución de conflictos menores o para orientar a las personas que no saben cómo proceder con un tema legal. Por ejemplo, los servidores judiciales podrían usarla para ofrecer guías o herramientas para la mediación, promover el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos o proporcionar recursos educativos para ayudar a la ciudadanía a resolver disputas fuera del sistema judicial formal, lo que aligeraría la carga de los tribunales y beneficiaría a los ciudadanos.

4. Prevención de la desinformación: Una de las grandes ventajas de que los servidores judiciales tengan presencia en redes sociales es que pueden ser una fuente confiable frente a la proliferación de desinformación. En el contexto legal, es común que circulen mitos, rumores o información errónea, que pueden generar confusión o, incluso, desconfianza hacia el sistema judicial. Si se gestionan adecuadamente, las redes sociales pueden ser un espacio donde se desmientan estos mitos y se ofrezcan datos correctos y precisos directamente de las fuentes judiciales.

5. Interacción directa con la ciudadanía: Las redes sociales permiten una comunicación bidireccional, lo que significa que los ciudadanos no solo reciben información, sino que también pueden plantear preguntas, inquietudes o sugerencias directamente a los servidores judiciales. Esta interacción no solo aumenta la percepción de accesibilidad del sistema judicial, sino que también puede proporcionar valiosa retroalimentación para mejorar el servicio que se brinda a la población.

Desafíos: Sin embargo, gestionar una red social de manera profesional y efectiva también implica enfrentar varios desafíos. Es fundamental que los servidores judiciales actúen con la misma imparcialidad, respeto y profesionalismo que se espera en el ámbito judicial, incluso en un espacio tan informal como las redes sociales. Además, deben tener en cuenta que en estos entornos pueden surgir comentarios o consultas que requieren respuestas delicadas, especialmente cuando se trata de temas legales complejos o controversiales. El manejo de esta información debe hacerse de manera responsable para evitar malentendidos y garantizar que los ciudadanos no reciban consejos erróneos o inapropiados.

En conclusión, el manejo de una red social por parte de los servidores judiciales no solo es importante, sino que es una herramienta poderosa que puede modernizar y humanizar la relación entre el sistema judicial y la ciudadanía. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosa y bien gestionada para garantizar que se use para fines educativos, informativos y de servicio público, manteniendo siempre los principios de justicia y equidad.